La obtención de permisos se ha convertido en uno de los principales obstáculos para la inversión y el desarrollo sostenible en Chile. Bajo este contexto, la Dirección de Alumni del ESE Business School junto a Prieto Abogados realizaron el desayuno exclusivo "Permisología y desarrollo de proyectos: retos para una inversión sostenible", que reunió a egresados para reflexionar sobre el estado actual del sistema de permisos y los desafíos que plantea para las empresas y el país.
En la exposición se destacó que actualmente en Chile se gestionan alrededor de 400 permisos sectoriales en más de 38 organismos distintos, un entramado fragmentado y complejo que suele operar en paralelo al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Esta superposición genera demoras, incertidumbre jurídica y conflictividad, dando lugar a lo que se ha descrito como una "crisis estructural" de la permisología. En respuesta a esta situación, se están impulsando reformas como la Ley Marco de Permisos Sectoriales (LMAS) y la modificación al Reglamento del SEIA, que buscan mayor agilidad, certeza y predictibilidad en la tramitación de proyectos, con impactos directos en áreas clave como la transición energética y el desarrollo de infraestructura digital.
Romina Tobar, directora del Área Ambiental de Prieto Abogados, enfatizó que la clave estará en cómo se implementen estas reformas: "Ya está la ley que apunta en la dirección correcta, pero todo se va a jugar en la implementación. Hay que participar en las consultas públicas para conducir los reglamentos en la dirección correcta".
Por su parte, Agustín Martorell, socio de Prieto Abogados, subrayó la relevancia de resolver la viabilidad de los proyectos en etapas tempranas: "Cuando una respuesta se toma temprano tiene sentido desde el punto de vista de la inversión; cuando se toma a los 10 años, el costo y la frustración son muy altos".
El encuentro permitió dimensionar que, si bien las reformas representan un avance, los desafíos persisten en aspectos como la integración real de los sistemas, la obsolescencia de ciertas gobernanzas y la necesidad de otorgar certeza jurídica a los proyectos. La inversión sostenible en Chile exige certeza, confianza social y protección ambiental, pilares sobre los cuales el país debe construir un nuevo pacto que transforme la permisología de un obstáculo a un habilitador del desarrollo.
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