En materia de seguridad, Chile parece haber alcanzado un consenso que hace algunos años no existía. El crimen organizado, la narcodelincuencia y el terrorismo representan peligros de una naturaleza y magnitud distintas de aquellas que nuestro sistema institucional estaba acostumbrado a enfrentar. Las organizaciones criminales poseen recursos, tecnología, capacidad de infiltración, control territorial y ejercen niveles de violencia que obligan al Estado a responder con instrumentos acordes con esa nueva realidad.
La discusión política, por tanto, ya no parece concentrarse principalmente en el diagnóstico. Las diferencias surgen al momento de determinar qué nuevas atribuciones necesita el Estado, cuáles deben ser sus límites y qué controles corresponde establecer para evitar abusos. Es un debate necesario, pues la eficacia nunca puede justificar cualquier medio. Pero tampoco la legítima preocupación por las garantías a los derechos individuales puede hacer imposible aquello que constituye la primera obligación del Estado: proteger a las personas.
Álvaro Pezoa B.
31 de agosto del 2026